Abogados especialistas en responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

> Las autoridades públicas están obligadas a indemnizar los daños y perjuicios sufridos por un tercero como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos de su competencia o su jurisdicción. Todo ello mediante la introducción de la responsabilidad patrimonial cuya base constitucional se basa en el artículo 106.2 de la Carta Magna, que reconoce el derecho de los particulares a una indemnización en las condiciones establecidas por la ley.

Nuestros abogados especialistas en responsabilidad administrativa cuentan con la mayor experiencia y conocimientos en este campo, lo que les permite gestionar estos casos entre particulares y organismos públicos con la máxima solvencia. 

 No en vano, el conocimiento acerca de este tipo de procedimientos es necesario, al igual que una buena técnica jurídica, para poder verificar la validez de una posible reclamación de responsabilidad

En esta especialidad del derecho contencioso administrativo hay un pasivo operativo y un pasivo financiero.  Para que esta figura funcione y sea efectiva, deben cumplirse ciertas condiciones, como:

• Relación de causalidad entre el funcionamiento (normal o anormal) de un servicio público y los perjuicios causados por el mismo.
• El daño debe ser económicamente cuantificable.
• La reclamación no debe haber prescrito, es decir, no debe haber transcurrido más de un año desde que se presentó la reclamación.
• No ha transcurrido más de un año desde el acontecimiento que causó el efecto perjudicial.

Asimismo, el procedimiento puede iniciarse de oficio o a petición de los interesados. Además, el consentimiento para iniciar el procedimiento se comunicará a los presuntos afectados. Por su parte,  acuerdo provisional se comunicará a los presuntos perjudicados, dándoles un plazo de diez días para presentar cuantas alegaciones, documentos o informaciones consideren oportunas a sus derechos y obligaciones.

¿Qué ocurre cuándo el procedimiento se inicia a partir de una solicitud motivada de otra autoridad?

En este caso, dicha solicitud deberá identificar el daño causado a una persona o grupo de personas y el vínculo causal con el suceso. La solicitud también incluirá una descripción del daño al servicio público, la relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica, cuando sea posible, y una evaluación del impacto sobre el medio ambiente. También es esencial incluir la fecha en la que se produjo realmente la infracción.

Si bien, es preciso señalar que a petición de las partes interesadas no se podrá solicitar la incoación del procedimiento. Ahora bien, este procedimiento solo se puede solicitar cuando exista responsabilidad patrimonial –siempre que no haya prescrito pasado un año desde que se produzca el hecho causante-.

En el caso de que existan lesiones físicas o mentales, el plazo comienza a correr desde la fecha en de recuperación o de la determinación del alcance de las consecuencias.

Cuando una disposición haya sido declarada incompatible con el Derecho de la Unión, el derecho de recurso expirará un año después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea, o la sentencia que declara la invalidez del reglamento en cuestión se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea  son inconstitucionales o contrarias al derecho de la Unión Europea.

Pero, ¿qué ocurre con los derechos derivados de la aplicación de actos legislativos de carácter no expropiatorio de derechos?

Cuando no están legalmente obligados a expropiar; si el daño resulta de la aplicación de una disposición legal declarada inconstitucional que tiene fuerza de ley
aplica el mismo procedimiento.