La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la gestión pública sujetas al derecho administrativo y la positiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.
El recurso contencioso-administrativo es un método judicial usado para contradecir posiciones en general o actos expresos o presuntos de la Gestión Pública, así sea central, autonómica o local.