Recursos contenciosos administrativos

Inacción de la administración y contra sus actos materiales ilegales. El abogado especialista en recursos contenciosos administrativos deberá adjuntar al escrito de demanda o a la demanda interlocutoria que acredite la representación del compareciente, salvo que se trate de un documento anexo a las actuaciones de otra acción pendiente ante el mismo tribunal.

Este procedimiento se encuentra regulado en los artículos 43 a 77 de la LJCA.

Ahora bien, antes de iniciar un proceso, la ley prevé la posibilidad u obligación de realizar las llamadas diligencias preliminares:

• Declaración de lesividad para el interés público: consiste en la manifestación de una Administración pública en declarar lesivo para el interés público un acto favorable para los interesados que sea anulable conforme a lo dispuesto por la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPAC), a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden contencioso-administrativo.
• Litigios entre Administraciones Públicas: Como regla general, en los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. Sin embargo, cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada. Se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contestara.

El recurso contencioso-administrativo es un instrumento judicial que se interpone contra las disposiciones de carácter general o bien, contra los actos expresos y presuntos de la Administración pública (local, autonómica o estatal, así como determinados organismos públicos dependientes de las mismas) que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Puede interponerse también contra la inactividad de la Administración o contra las vías de hecho en que incurra.

Asimismo, además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho. Por el contrario, no es admisible este recurso respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

Dos meses.

Contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.

Para interponer recurso de lesividad a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

En los litigios entre Administraciones, salvo que por Ley se establezca otra cosa.

Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación.

Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración. Del mismo modo, cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado. En ambos casos, el plazo se contará a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados.

Si el acto no fuera expreso, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días-si se ha formulado requerimiento previo de cesación- y de veinte días si no se ha formulado dicho requerimiento.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.

Asimismo, por ejemplo, en el supuesto de que se siga el procedimiento establecido para la protección de derechos fundamentales, El plazo para interponer este recurso será de diez días, que se computarán, según los casos, desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolución.

A diferencia del proceso civil que da comienzo con la interposición de la demanda, el contencioso-administrativo se inicia con la presentación del escrito de interposición.

Este último, quedará reducido a citar la disposición, acto administrativo, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso -salvo cuando esta Ley disponga otra cosa-.

La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días.

Recibido el expediente administrativo en el Juzgado o Tribunal y comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, por el Letrado de la Administración de Justicia se acordará que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte días.

Presentada la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, a las partes demandadas que hubieran comparecido, para que la contesten en el plazo de veinte días.